UNESPA calcula en 250 millones el coste de adaptación del sector a Solvencia II. Esta cifra recoge el impacto en los medios materiales y humanos de las compañías, pero no incluye otras posibles repercusiones financieras o patrimoniales, según recoge hoy ‘Expansión’.
En su información, el diario destaca que la nueva Ley de Supervisión y Solvencia implicará también inversión para el órgano supervisor. Según se especifica en el dictamen del Consejo de Estado al anteproyecto de dicha ley, en 2015, el supervisor necesitará 3,5 millones “en consonancia con las recomendaciones internacionales”. De esta cifra, 1,4 millones se destinarán a la actualización informática; 1,5 millones a la dotación de medios humanos, principalmente inspectores, actuarios, matemáticos, informáticos y personal de apoyo. A la formación de personal irían 500.000 euros.  

El informe del Consejo de Estado añade que “con carácter permanente se debería incrementan en 17 personas”. Aboga, además, por dotar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de autonomía de funcionamiento en coherencia, entre otras cosas, para “ajustarla al que existe en la supervisión financiera europea en general”.