Convención Internacional de Seguros- Jorge Humberto Botero, presidente de FASECOLDA:

En el marco de la Convención Internacional de Seguros de FASECOLDA que se celebró la semana pasada, Jorge Humberto Botero, presidente del gremio centró su discurso en la perspectiva económica del país, la reforma pensional y la seguridad vial, durante la apertura de la Convención. Sobre las pensiones, el directivo afirmó que “el país debe desactivar con prontitud dos bombas sociales de excepcional peligrosidad.

  • Asimismo, afirmó que los problemas de cobertura son enormes. "En la actualidad solo el 23% de la población en edad de jubilación recibe una pensión; las proyecciones indican que, si no se soluciona el problema, para 2050 apenas la obtendrá el 19%. Los costos fiscales del sistema pensional también son descomunales y tienden a crecer, pues el agotamiento de las reservas en el régimen de prima media obliga a cubrir las mesadas pensionales con ingresos presupuestales. Para 2018, el proyecto de Presupuesto General de la Nación asigna una partida de 41 billones de pesos a ese rubro, cifra superior a los renglones de inversión, educación o Salud", recuerda el directivo.

    A través de la Comisión del Gasto, creada en la última reforma tributaria, entendemos que se dejarán planteados los hitos de una inaplazable reforma pensional que analizaremos en detalle cuando sea divulgada.

    Por otro lado, sabemos que los candidatos a la Presidencia de la República tienen sumo interés en prepararse para plantear una reforma que, como suele suceder, generará complejos debates: las pasiones ideológicas que suelen rodearla, y la circunstancia de que sus muy importantes beneficios son de largo plazo, no así los costos que deben asumirse por las generaciones actuales. Estamos disponibles para compartir con todos ellos nuestra visión y atender sus inquietudes.

    "Desde ya se debe señalar que esa reforma no puede lesionar los derechos adquiridos de quienes hoy gozan de una pensión, ni las expectativas legítimas de quienes se encuentran próximos a adquirir el derecho", matiza Botero en su discurso.

     

  • La seguridad vial: una calamidad pública que el país ignora

    • La precariedad de la política en materia de seguridad vial: Después de la eliminación del Fondo de Prevención Vial y la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2013, pasaron varios años antes de que la agencia estatal entrara en funcionamiento. Estas demoras dejaron al país sin una política pública, entre otras, porque se perdió buena parte del conocimiento acumulado. No cabe duda de las buenas intenciones y esfuerzos realizados por la Agencia en su primer año de funcionamiento, p ero este problema de salud pública demanda soluciones estructurales y la articulación de varias entidades del Estado para que el país cuente con políticas de seguridad vial adecuadas. Las acciones de esa dependencia, por eficiente que ella llegue a ser, claramente no son suficientes.

    • Falta de rigor en el otorgamiento de licencias y en la verificación de la pericia de los conductores: Ser más estrictos en estos ámbitos ayudaría a tener conductores más capacitados y a reducir la accidentalidad. Es importante para este propósito fortalecer la homologación de las escuelas de automovilismo.

    • Falta de conexidad entre la fuente del riesgo y la tarifa: La tarifa del SOAT se establece con base en el tipo del vehículo. Esto no tiene ningún sentido. Ya es tiempo de vincular las tarifas de este seguro al generador del riesgo, que es el conductor. Se cuenta en la actualidad con los medios tecnológicos y la información necesaria para implementar esta propuesta que tendría efectos notables en la reducción de los accidentes, tal como lo prueba la experiencia de muchos otros países.

    • La alta evasión: se estima que alrededor del 39% de los automotores que transitan en el país no cuenta con SOAT. Ello erosiona directamente las finanzas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por cuanto los costos de atención de las víctimas de accidentes viales que involucran a los evasores se cubren con recursos públicos. En 2016 el Fosyga pagó 163.000 millones de pesos por ese concepto y por víctimas de vehículos no identificados. Reducir la evasión debe ser una prioridad en la agenda de las autoridades de control del tránsito.

    • Las diferencias regulatorias entre el SOAT y el Sistema General de Seguridad Social en Salud que generan riesgo moral. Mientras que las aseguradoras deben pagar a las IPS en un tiempo perentorio las atenciones en salud, se les prohíbe exigir autorización de servicios y no pueden establecer redes de atención con prestadores de servicios de salud, los demás actores del sis tema no tienen esas limitaciones. En consecuencia, se generan incentivos para canalizar por el SOAT atenciones diferentes a accidentes de tránsito o para a facturar precios mayores a los que se cobran en eventos de otro origen.

    "Permitir que las compañías de seguros celebren convenios con las IPS para atender a sus pacientes solucionaría los graves problemas de sobrefacturación que se presentan, supuesto que, en todo caso, se mantendría la atención de urgencia en el centro hospitalario más cercano. Estabilizado el paciente podría ser transferido a la institución que haga parte de la red contratada por la correspondiente aseguradora. Este esquema es similar al autorizado para las administradoras de riesgos laborales. Como es normal que suceda, todos estos problemas tienen delicados efectos “aguas abajo”, es decir, en los resultados financieros de las compañías de seguros que operan el ramo, destacó el presidente del gremio en su discurso.

    Los resultados son muy preocupantes: El SOAT arroja cifras negativas en los últimos cuatro años y cerró 2016 con una pérdida neta de 127.000 millones. Es evidente que la persistencia de este adverso desempeño pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Para evitarlo, se hace indispensable la adopción de las reformas antes mencionadas, las cuales deben estar precedidas, dado su carácter apremiante, por las que garanticen la suficiencia tarifaria del ramo. Con fundamento en las conversaciones que hemos venido adelantado con el Superintendente Financiero, esperamos que en su intervención de mañana nos aporte la visión que tiene para resolver la grave situación presente.