El inicio de una nueva legislatura y la conformación de un nuevo Gobierno  debería ser el momento idóneo para recordar que, el futuro de las pensiones, constituye uno de los grandes retos que la sociedad española debe afrontar con la máxima urgencia.

 

No puede haber más dilaciones, pues la situación actual de los sistemas así lo exige. Además, cualquier reforma en esta materia tarda un periodo dilatado de tiempo en plasmar sus efectos.

 

El sistema público viene registrando déficits recurrentes anuales en torno al 1,5% del PIB. Aunque los ingresos por cotizaciones sociales han crecido, el crecimiento del gasto en pensiones ha sido muy superior. Todo indica que, en los próximos años, seguirá acelerándose aún más por diversas causas: la plena incorporación a la jubilación de los baby boomers, el aumento de la esperanza de vida, la mayor cuantía de las pensiones iniciales, la política de revalorización, etc.

Debe tenerse en cuenta que las medidas de reforma paramétricas adoptadas en 2011 (edad de jubilación, cómputo de años para el cálculo de la pensión, etc.) no extenderán su plena efectividad hasta 2027 y que la reforma de 2013 (índice de revalorización y factor de sostenibilidad) puede considerarse hoy prácticamente derogada. Precisamente, la orientación de estas reformas era ralentizar el crecimiento del gasto para mejorar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, aspecto cada vez más alejado de conseguirse.

 

En cuanto a los sistemas complementarios de pensiones, la situación no es mejor. Tanto los sistemas de empresa como los individuales permanecen estancados y en niveles muy alejados de los que tienen otros países de nuestro entorno. La mayoría de ellos tienen sistemas mixtos de pensiones con diferentes fuentes y proveedores de ingresos para los pensionistas por lo que los sistemas complementarios son relevantes. Apenas un 10% de los trabajadores españoles cuenta con pensiones de empresa y un reducido número de partícipes de planes individuales mantiene sus aportaciones en el tiempo o estas son irrelevantes.

 

Por tanto, hay mucho que debatir y muchas medidas que adoptar tanto para garantizar la sostenibilidad del sistema público como para conseguir la suficiencia y adecuación de las pensiones, aspecto en el que será imprescindible extender la previsión complementaria, especialmente la empresarial.

 

Desafortunadamente, el debate reciente sobre las pensiones se ha limitado a discutir cuál debe ser la revalorización de este año o de los siguientes. Ha estado impregnado de una excesiva carga ideológica, paralizante para la toma de decisiones, sobre los sistemas públicos y privados. Parece que no se quiere  entender que no se trata de sistemas alternativos sino complementarios, dentro de una necesaria composición mixta de los ingresos por jubilación futuros.

 

La propia Agenda del Cambio, elaborada por el gobierno socialista en 2019 y que debería mantener su vigencia en este aspecto, ya estableció la necesidad de reformar el sistema de la Seguridad Social. El objetivo era  garantizar su sostenibilidad a largo plazo en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo. A la vez se pretendía desarrollar la previsión social en las empresas con sistemas de pensiones complementarias acordados entre empresarios y trabajadores.

 

Estando de acuerdo con estos dos objetivos, absolutamente prioritarios, estaríamos,  a la vista de la experiencia reciente, más cerca de alcanzarlos si el debate y el análisis profundo se realizara, al menos en primera instancia, fuera del ámbito político.

 

Para ello sería imprescindible la creación de un comité de expertos, con permanencia en el tiempo, que planteara propuestas concretas para una reforma conjunta del sistema público y de los sistemas complementarios, que finalmente sería ser aprobada en el Parlamento.

 

Por supuesto que los interlocutores sociales, en representación de empresas y trabajadores, deberían formar parte de dicho órgano. No debemos olvidar que cualquier reforma en materia de pensiones habrá de tener en cuenta, tanto el nivel de pensiones al que se pretende aspirar, como el coste y el reparto de su financiación.

 

Mientras tanto, y dado que las reformas deben ser socialmente aceptables y entendibles, el Gobierno y el Parlamento tendrían que hacer un esfuerzo divulgativo para mostrar, con transparencia, la situación actual y los retos a los que se enfrentan los sistemas de pensiones. Además, debería ponerse en marcha un plan urgente para elevar los conocimientos financieros de los ciudadanos y la importancia de la cultura del ahorro a largo plazo, con el fin último de que aquellos puedan conocer sus expectativas de pensión actuales, para que puedan tomar, con la debida antelación, decisiones fundadas sobre su jubilación futura.

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