Mapa de ciberriesgo: nuevas regulaciones en Europa y ataques más destructivos

Según un informe de MARSH & MCLENNAN COMPANIES, ambas tendencias complican aún más esta nueva realidad cibernética

Los tres grandes eventos cibernéticos en 2017 han servido de precedente para reflejar el alcance y el impacto de los daños provocados por los ciberataques en cuanto a la importancia geográfica e industrial, así como a la paralización del negocio y sus pérdidas económicas, pero también en cómo ha influido en el daño reputacional y de imagen en el mercado.

  • “El modelo de negocio está cambiando sustancialmente en la sociedad actual, cada vez más digitalizada, en la que los bienes intangibles, tales como las marcas, la reputación y la información, han pasado a ser los activos más importantes de las compañías”, explica Sara Muñoz, responsable del departamento de Cyber de MARSH ESPAÑA.

    En un nuevo informe elaborado por MARSH & MCLENNAN COMPANIES y la empresa de ciberseguridad FireEye, titulado “Ciberriesgo: las inversiones han cambiado para los Consejos de Administración”, se identificaron las tendencias que complican aún más esta nueva realidad cibernética.

    Según el documento, las dos tendencias principales que dificultan este panorama son, en primer lugar, las nuevas regulaciones en Europa y otros lugares, ya que requerirán que las empresas adopten prácticas de seguridad más rigurosas para proteger los datos y sistemas. En segundo lugar, destaca que los ataques se vuelven cada vez más destructivos, amenazando no solo a los activos digitales, sino también provocando daños materiales y lesiones corporales.

    A todo esto, se suma que hay que tener en cuenta que los líderes empresariales pueden no estar familiarizados con la gestión de estos riesgos. Por ello, el informe analiza cómo los ejecutivos y miembros del Comité de Dirección pueden tener una mejor comprensión de la nueva realidad cibernética; a través de acciones específicas en las áreas de tecnología, la concienciación en el ámbito laboral, colaboración entre entidades gubernamentales y empresariales y mayor supervisión de la gestión de riesgos.