Tal y como se recoge en el artículo, las enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo el cáncer y la diabetes son ya los principales problemas de salud pública, que no sólo amenazan con estancar el crecimiento de la esperanza de vida de los mexicanos sino, incluso, disminuirlo.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México tiene la esperanza de vida más baja de todos los países que la integran; mientras que la esperanza de vida de los países de la OCDE se incrementó en promedio tres años entre 2000 y 2013 (aumentó de 77,1 años a 80,4 años), en México solo aumentó 1,3 años (de 73,8 a 74,6 años).

Datos del INEGI revelan que las principales causas de defunción en nuestro país son las enfermedades del sistema circulatorio con el 25,5%, seguidas de las crónicas, nutricionales y metabólicas con el 17.5% y con el 13% se encuentran los tumores malignos.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realiza el propio INEGI, destaca que la población ocupada que no tiene acceso a las instituciones de salud en México ascendió a 32.6 millones en el tercer trimestre de 2017; es decir dos de cada tres personas que realizan alguna actividad productiva no cuentan con esta prestación.

La OCDE resalta que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por alcanzar la cobertura universal en salud, el gasto de bolsillo se ubica alrededor de 45% del egreso total en el país; cifra que, de igual forma, lo coloca en el más alto de los países que la integran. Y menciona que, una de las razones por las que no baja este gasto, pueden ser por la insatisfacción a los servicios que proporcionan las instituciones a las cuales se encuentran afiliadas.

Sabemos que la capacidad de los servicios de salud se encuentra limitada ante el número de inscritos y el incremento de las enfermedades entre la población, subraya la AMIS. Lo que les lleva a los usuarios a buscar atención médica con prestadores privados. Es por ello que, a nivel internacional, los países están tendiendo hacia esquemas de salud en donde haya una participación pública y privada para lograr la universalidad y así garantizar el derecho a la salud de cualquier ciudadano.

Lograr la protección financiera de la salud universal permitirá reducir el gasto de bolsillo que todavía incide en el empobrecimiento de muchas familias mexicanas y, sobre todo, el retraso de la atención de las enfermedades crónicas, además de que se impulsaría la productividad y desarrollo del país.