Brasil

Los constructores o trabajadores del sector inmobiliario pueden verse obligados a contratar seguros para cubrir los daños causados ​​por fallos estructurales en los edificios construidos. Es lo que determina el Proyecto de Ley 6893/17, presentado por la diputada Zenaide Maia (PR-RN), y que se en encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados.



 

  • El seguro cubrirá los daños materiales que originen o afecten a la cementación, los soportes, las vigas y otras estructuras que comprometan la resistencia mecánica, la solidez, la seguridad y la estabilidad de la construcción. La póliza podrá ser sustituida por fianza bancaria, siempre en condiciones idénticas.

    Con una vigencia mínima de 10 años, el seguro será contratado en beneficio del contratista de la obra o del comprador del inmueble nuevo, incluyendo lo que forma parte del programa de la vivienda del gobierno. La administración pública también se beneficiará si es la contratista de obra. El plazo de vigencia pasará a contar de la expedición del habite o del recibo de la obra.

    "Es necesario proteger a los adquirentes de los daños derivados de defectos en las obras, así como garantizar que el Estado no financie proyectos fallidos o inviables", matizó la diputada Zenaide Maia. "Esa es una tendencia que está siendo también debatida en otros países".

    Penalización

    La empresa que no contrata el seguro podrá pagar una multa del 20% del costo total de la obra, perder la licencia de operación o de concesión del hábito, o estar obligada a extender la garantía del inmueble hasta la contratación del seguro.

    Según el proyecto, el seguro contra daños estructurales no cubrirá los daños provocados en inmuebles contiguos al inmueble asegurado, los daños causados ​​por modificaciones realizadas después de la recepción del inmueble, o los ocasionados por falta de mantenimiento, entre otros.

    El proyecto transfiere al Consejo Nacional de Seguros Privados (CNSP) y la Superintendencia de Seguros Privados (Susep), respectivamente, la regulación y la fiscalización de las operaciones de seguro.

    Los bancos públicos federales deberán crear líneas de crédito para facilitar la contratación de los seguros, especialmente las pólizas dirigidas a personas de bajos ingresos inscritas en programas habitacionales.