La DGSFP celebró el pasado miércoles el Día del Seguro con una jornada en la que repasó los principales aspectos que rodean al proyecto de reforma de la Ley de Contrato del Seguro (LCS). Esta norma se enmarca en la revisión del Código Mercantil, que está ultimando su camino tras seis años de trabajo.

Abrió el acto Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, quien indicó que la LCS vigente “es muy buena, pero requiere una actualización”. Según explicó, esta reforma servirá para revisar “aquellos puntos que en la práctica hemos visto que es necesario reformar”. Por otro lado, adelantó que el informe anual sobre la evolución del sector que elabora la institución estará disponible en su web en los próximos días.

Cedió la palabra a Alberto Bercovitz, miembro permanente de la Comisión General de Codificación, quien afirmó que “la ley de 1980 es un magnífico texto legal”. Apuntó que estamos en una “última fase de la tramitación” del Código Mercantil, pues se espera que el borrador sea aprobado por el próximo Consejo de Ministros, del 23 de mayo. El Código Mercantil es fruto de “seis años de trabajo de más de 60 especialistas. No se puede modificar de la noche a la mañana. El borrador está ahí gracias a que han creído en ello distintos Gobiernos y sucesivos ministros de Justicia”, declaró. Hizo hincapié en que restablecer la LCS como legislación mercantil -dentro del Código Mercantil- otorga al Estado la competencia exclusiva, puesto que la Constitución proclama la unidad del mercado y la competencia exclusiva estatal en esta materia. En cuanto a los puntos más conflictivos de esta reforma, reseñó algunos, como los referidos a las condiciones generales, los gastos de salvamento o la acción directa.

NOVEDADES DE LA LEY

A continuación, Pablo Muelas, subdirector general de Seguros y Política Legislativa, moderó una mesa redonda que analizó los pormenores de este proyecto de reforma. Rafael Illescas, vocal permanente de la Comisión General de Codificación, realzó la importancia de que el contrato de seguros vuelva a ser entendido como un contrato mercantil, retornando a la diferenciación entre Derecho Civil y Mercantil. Según explicó, esto supone una recodificación del contrato de seguros, de modo que, “a la hora enfrentarse a un problema legal, no podemos limitarnos a la legislación sobre seguros, sino que ésta se complementa con el resto de disposiciones generales de Código Mercantil”. Por otro lado, remarcó que las reglas generales del borrador en cuanto a los gastos de salvamento “pasan a ser bastante imperativas”, de modo que “ahora la ley será tajante, más taxativa”.

Julio Fuentes, subdirector de Política Legislativa del Ministerio de Justicia, señaló que “es una reforma necesaria y que da al sector normas modernas y acordes con su realidad”. Aseguró que “la tramitación va razonablemente bien y es muy posible que tengamos la reforma en esta legislatura”. No obstante, reconoció que ha habido que debatir muchos temas de difícil encaje, como el aseguramiento de las multas, las nuevas técnicas de contratación, la figura del tercer perito, la protección del consumidor, los intereses de demora, la acción directa, la oposición a la prórroga, etc.

Luis Miguel Ávalos, director de Seguros Personales de UNESPA, precisó algunas de las novedades normativas relacionadas con los seguros de Vida, de Enfermedad o de Decesos. Además, incidió en la importancia de la inclusión del seguro de Dependencia en el borrador, puesto que “será un seguro con un gran desarrollo en España y era preciso regularlo”.

Manuel Mascaraque, director del Área de Seguros Generales de UNESPA, remarcó que la reforma era necesaria por que “había que adaptar la ley a las nuevas normas de comercialización de la sociedad actual, sobre todo al comercio electrónico”. Así, destacó la importancia de la supresión de la aceptación expresa de las cláusulas limitativas, “especialmente difíciles de conseguir mediante comercio electrónico”. Con la reforma, se considerarán aceptadas una vez transcurridos dos meses tras la formalización del contrato. También se detuvo en el mantenimiento del pago mínimo en los 40 días posteriores a la declaración del siniestro, la figura del tercer perito en caso de discrepancia y la introducción de la respuesta motivada en caso de rechazo o rehúse de un siniestro. En cuanto a los gastos de salvamento, remarcó que el límite queda marcado por la cantidad asegurada, tratándose de un límite único para la prestación y los gastos de minoración de los daños.

Cerró la jornada Ana García Barona, inspectora de seguros de la DGSFP, quien explicó que la nueva ley será “bastante respetuosa con la de 1980”. Adelantó que el órgano de control asegurador “ha pedido que haya una disposición transitoria que permita a las aseguradoras adaptar los contratos durante seis meses”. Recordó que se ha mantenido la figura del tercer perito, aunque con algunas modificaciones respecto a la forma y los plazos de designación. Además se han tomado algunos elementos de la oferta y respuesta motivada. En cuanto a los intereses de demora, se fijará la declaración del siniestro como punto de partida y especificó que se aplicará el interés legal del dinero más un 50%, duplicando la cantidad resultante cuando la mora supere los dos años.