La nacionalización de AIG fue ilegal. Así lo ha señalado el juez Thomas Wheeler en una resolución hecha pública ayer en distintos medios de comunicación.
De esta forma queda sentenciado que el gobierno estadounidense no tenía derecho de nacionalizar la compañía en 2008, pero no deberá indemnizar a los ex accionistas descontentos ni ha aceptado el reclamo por daños y perjuicios del principal demandante, Maurice Greenberg, expresidente y accionista del grupo porque, según señaló el juez, la nacionalización salvó a la aseguradora de la quiebra durante la crisis financiera. Greenberg reclamaba al Gobierno, junto a otros accionistas reunidos en el seno de la sociedad STARR INTERNATIONAL, más de 40.000 millones de dólares (36.600 millones de euros)..