La Asociación Argentina de Asesores Productores de Seguros (AAPAS) ha emitido un comunicado un año después del cumplimiento de la sanción de la Ley Nº 26.773 de Riesgos del Trabajo, aprobada por el Parlamento Nacional, tras los votos del Frente Para la Victoria y el Pro. En el mismo se indica que aunque dicha ley fue valorada positivamente por amplios sectores del mercado en lo referido al aumento de las prestaciones y a la eliminación de la doble vía, “lamentablemente, introdujo un tope del 5% a los gastos de comercialización”.
Dicha limitación, según el comunicado del que se hace eco ‘100% Seguro’, ya se había intentado incorporar en el borrador del decreto 1694 del año 2009, “cosa que finalmente no ocurrió debido a las gestiones de la Asociación” y su compromiso de colaborar para evitar que las mejoras que se programaban no alterasen significativamente la estructura de los costes.

La Asociación recuerda que tras la firma del Decreto, fue convocada en la Superintendencia de Seguros, donde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo estaba solicitando que la rebaja de comisiones, que no había salido por decreto, saliese por resolución del Organismo, mientras que la AAPAS defendía la libertad de pactar libremente las remuneraciones entre Empresas y Productores Asesores.

“Como consecuencia de ello, AAPAS soporta desde aquella fecha constantes campañas divisionistas fomentadas por ‘news’ empresarios que le dan cobertura periodística. Los hechos posteriores (moderado aumento de las tarifas y mantenimiento del nivel de las comisiones de los Productores Asesores) avalaron la correcta y firme posición de nuestra Asociación”, explica. Así, denuncia que “el proceder de algunas ART exhibió una variada gama de doble discurso. Mientras en la mesa de negociación pedían y pretendían que avaláramos la rebaja de las comisiones, paralelamente organizaban un festival de estímulos y premios para la captación de contratos”.

Finalmente, valora que “la resolución SSN CON 18, que determinó el pago de las comisiones pactadas hasta la finalización de la anualidad de los contratos vigentes con anterioridad a la sanción de la ley 26773, no fue un hecho de la naturaleza y también fue un logro para todos los PAS”. Por ello, asevera que mantendrá su postura “en defensa de los intereses profesionales y materiales de sus representados”, lo que “comprende la persistencia en el reclamo de una correcta reglamentación de la ley y la prosecución del recurso de inconstitucionalidad presentado en la justicia”.