El desafiante entorno político ha obstaculizado la capacidad del gobierno federal de Brasil para aprobar el Proyecto de Enmienda Constitucional 287 (PEC) en 2018. Entre otras medidas, el PEC permitirá a los GRI aplicar medidas correctivas estructurales a nivel local.

Según la agencia “salvo contadas excepciones, las actuales fuentes de financiación de las pensiones no son suficientes y se han adoptado medidas correctoras, que han sido adoptadas a nivel local pero que no han impedido el crecimiento de los desequilibrios en las pensiones”.

Asimismo, Fitch cree que la carga de las pensiones es un factor relevante que contribuye a los recientes colapsos fiscales de Río de Janeiro, Río Grande do Sul y Minas Gerais. Además, la agencia afirma que muchos estados son “incapaces de prepararse para las próximas pensiones y que consumen porciones considerables de sus presupuestos que de otro modo se canalizaría hacia la educación y la asistencia sanitaria”.

Por otro ello, Fitch concluye que la mayoría de los sistemas de pensiones de LRG para los subnacionales brasileños están “subfinanciados sin fondos federales. A diferencia de sus contrapartes como el caso de las argentinas, rusas y chinas”. Es por esto, añade el informe, que las fuentes de ingreso para los subnacionales brasileños también son más limitados en comparación con los subnacionales colombianos. Pero desde un punto de vista más positivo, tienden a ser más homogéneas que la mayoría de las contrapartes de los gobiernos locales mexicanos.