La propuesta de eliminar los beneficios fiscales que hasta el momento mantienen las aseguradoras implicará un alto impacto contable en estas instituciones, que sólo podría ser minimizado con un mayor fondeo. Así lo reveló el director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe, Raymundo Tenorio Aguilar, quien también advirtió que el costo del financiamiento al que tendrían que recurrir las aseguradoras terminaría traduciéndose en un mayor precio de los seguros.
Según publica el diario local ‘El Financiero’, en México se permite a las instituciones de crédito deducir en el cálculo del ISR, el monto de las reservas preventivas globales que se constituyan o se incrementen, siempre que el monto de la deducción no exceda el 2,5% del saldo promedio anual de la cartera de crédito en el ejercicio en que se constituyan o incrementen.

En el caso de las instituciones de seguros, éstas reciben un tratamiento equivalente, a través del cual se les permite deducir en el ISR la creación o el incremento de las reservas de riesgo en curso, por obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y por vencimientos, así como las reservas de riesgos catastróficos.

Desde su punto de vista, Tenorio explicó que el hecho de que no puedan deducir las reservas va a reducir drásticamente las utilidades de las aseguradoras, y los fondos para contingencias van a tener que solventarse con financiamiento externo, cuando tendrían que estar compuestos del propio rendimiento.

“Sí era conveniente una revisión al marco fiscal de las aseguradoras, pero aplicar medidas generalizadas puede provocar que se concentre aún más el mercado, porque con estas acciones se corre el riesgo de arrinconar a las instituciones más pequeñas, y que eventualmente cedan su mercado a las más grandes”, explicó.

Por último, el catedrático afirmó que de aprobarse la reforma hacendaria tal y como se ha planteado, las aseguradoras tendrían que optar por solicitar aportaciones adicionales a los socios para poder hacer frente a las necesidades de liquidez inmediatas, y así ganar tiempo para valorar las circunstancias del mercado y la adaptación de las demás compañías al nuevo esquema contributivo. “La autoridad está apelando al mecanismo de competencia, para que las empresas aseguradoras ajusten sus utilidades, y antes de subir las tarifas de sus primas prefieran sacrificar rendimientos. Esto puede desatar una guerra de precios que terminaría perjudicando a las más pequeñas”, concluyó.