La intervención de SEGUROS CONSTITUCIÓN por parte de la Superintendencia de Seguros de Panamá se ha realizado con el objetivo de “salvaguardar los intereses, bienes y valores de los asegurados de la compañía, además de garantizar la seguridad de la industria (aseguradora). Así lo ha revelado el superintendente de Seguros de Panamá, José Riesen, en una comparecencia pública en la que, además, afirmó que la aseguradora “incumplió con las instrucciones de la Superintendencia en el monitoreo mensual del margen de solvencia y balance de reservas de inversiones, además de la insuficiencia de inversiones”. “En caso de que la empresa decida liquidarse voluntariamente o negocie el traslado o la venta de la cartera (de pólizas, con esta intervención, los clientes) mantendrán las condiciones por SEGUROS CONSTITUCIÓN sin que se vean afectados los beneficios y coberturas adquiridas por terceros”, añadió Riesen. La decisión se habría acelerado después de que en julio la Superintendencia hubiera recibido “múltiples quejas de terceros y asegurados” por incumplimiento contractual en el pago de siniestros.

Las seis sedes de la compañía exhiben un documento de la Superintendencia en el que se informa de que el 6 de marzo de 2015, el supervisor ordenó “la regularización” de la aseguradora. El 17 de junio de 2015 se concede una prórroga de tres meses para que complete la regularización con el fin de subsanar ciertos puntos contenidos en el plan. Esta prórroga fue cortada debido a que el asesor del proceso de regularización comunicó el 31 de julio a la Superintendencia que la entidad no había cumplido con el plan y que, incluso, la circunstancias se habían agravado. A ello se unieron las inspecciones en las sedes de la aseguradora en la que se detectaron problemas en el pago de indemnizaciones, tanto a asegurados como a terceros afectados. El documento estipula además que la intervención decretada será por 30 días, aunque SEGUROS CONSTITUCIÓN tiene un plazo de cinco días para recurrir.

La web konzapata.com ha logrado hablar con Omar Faría, socio venezolano de la entidad intervenida. Faría alega que el capital se vio mermado tras la ejecución de unas finanzas, lo que llevó a una necesaria recapitalización. Él aportó su parte pero no así su socio (que se niega a identificar), con lo que el desfase supera el millón de dólares.