Según el comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actualmente existe solidez jurídica y regulatoria como base fundamental para sostener tres pilares para este segmento de servicios financieros: la solvencia, mejor gobierno corporativo y una eficiente administración de riesgos. También hay avances importantes entre las aseguradoras en aspectos como los controles internos, en la prevención y en la transparencia en la atención del mercado.

La Ley de Seguros se promulgó en 2013 para sustituir a la legislación que regulaba el sector desde 1935. Se consolidaron más de 51 disposiciones secundarias y más de 200 circulares que formaban el marco jurídico, en una Ley y cuatro reglamentos, creándose una mejor base legal que hoy facilita el firme avance de la actividad.

Datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), sobre los indicadores principales, muestran un avance destacado en el sector asegurador entre los años 2012 y 2017. Como ejemplo de ello el concepto de la prima per cápita se elevó 22%, las reservas aumentaron 44% y la rentabilidad financiera subió 38%, mientras la concentración del sector bajó considerablemente en el mismo periodo.

Otro indicador relevante es la penetración del sector, en la que sobresale las primas como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que pasaron de 1,6% durante el periodo de 2006 a 2,2% en 2017. 

“El sector asegurador se ha convertido en un enorme inversionista institucional, con activos superiores a 1 billón de pesos invertidos en diferentes proyectos, que la han permitido al país financiar infraestructura y otros sectores”, afirma el comunicado. Añadiendo, que las empresas de seguros integran una rama de la actividad productiva sólida y solvente, presente en todas las actividades económicas, pero sin duda enfrenta retos para sostener su crecimiento tanto en la oferta como en la creación de mejores productos.