El Banco Central publicó el pasado 25 de mayo la Resolución N º 4.327/2014, que establece los lineamientos que se deben observar en el establecimiento y aplicación de la Política de Responsabilidad Social (PRSA) por las instituciones financieras y demás instituciones autorizadas a funcionar por el Banco Central de Brasil.
Según la norma, estas instituciones deben estructurar sistemas, rutinas y procedimientos que permitan identificar, clasificar, monitorear, mitigar y gestionar los riesgos sociales y ambientales presentes en sus actividades y operaciones. También se requiere la evaluación previa de los posibles impactos sociales y ambientales negativos de los nuevos tipos de productos y servicios que se ofrecen, incluso, explican en la web de ‘CNseg’ con respecto al riesgo de reputación.

Las instituciones financieras tienen hasta el 31 de julio de 2015 para adoptar sus políticas de responsabilidad ambiental y los planes de acción respectivos, así como el nombramiento de un responsable de la PRSA. Asimismo, opcionalmente, pueden establecer un comité de responsabilidad ambiental para evaluar y vigilar su cumplimiento.

Según los expertos, la Resolución establece que un primer paso se centre en la construcción de un nivel mínimo de gestión ambiental y en la adopción de criterios de igualdad en el nivel de atención para cada tipo de producto financiero y de servicios. Vale la pena señalar, sin embargo, afirma el artículo elaborado por CNseg que el cumplimiento de la norma no impide que la institución será responsable civil objetiva y solidaria, debido a la concesión de la actividad crediticia que causa daños al medio ambiente, como es requerido por la ley brasileña.