A pesar de que la crisis de 2008 ha quedado atrás, a la economía global le ha costado sobreponerse de sus severos efectos financieros. Los países se han recuperado a diferentes ritmos y las tasas de interés están en sus niveles más bajos. Aún en este ámbito económico poco favorable a nivel internacional, la industria aseguradora de nuestra región ha mostrado signos de fortaleza y ha logrado mantener un crecimiento en primas sostenido e incluso superior al registrado antes de la crisis, comprobando con esto que no es un sector que genere riesgo sistémico. Sin embargo, sigue existiendo la creencia errónea de que la actividad aseguradora se asemeja a la de los intermediarios financieros, por lo que la dinámica regulatoria ha tomado un ritmo cada vez más acelerado y de ámbito global.
Es pertinente señalar que el sector asegurador en nuestra región crece a tasas superiores a las de las economías nacionales en buena parte de los países como consecuencia del poco desarrollo de los seguros. Bajo la hipótesis de que el crecimiento económico se mantenga; y de que la regulación, por supuesto centrada en la protección de los usuarios, estimule el crecimiento del sector, este seguirá ampliando la cobertura en los diferentes tipos de amparo, en un proceso creciente de inclusión de diversos sectores de la población.

La región iberoamericana se encuentra inmersa y muy involucrada en el desarrollo de regulación a nivel global, y en particular de Europa, en cuanto a los cambios sobre las normas prudenciales, especialmente en la regulación basada en riesgo, como lo es Solvencia II. Implementadas adecuadamente, estas regulaciones podrán crear un entorno en el cual la industria aseguradora pueda operar eficientemente y promover estabilidad financiera y crecimiento económico, pero si no se toma en cuenta las realidades de los distintos mercados, podrían tener un efecto negativo sobre su desarrollo y sobre su crecimiento hacia segmentos menos atendidos como el de las familias de bajos ingresos o las microempresas.

Los reguladores en las instancias internacionales que los agrupan, particularmente la IAIS a nivel mundial y ASSAL en el ámbito latinoamericano, han participado activamente desarrollando principios y guías que sirvan de base para el desarrollo de la regulación en todos los países, lo cual ha ido en paralelo a los esfuerzos de los gremios y de sus distintas empresas no sólo en revisar y proponer cambios a las diversas regulaciones que emanan de dichos principios, sino también en fortalecer sus instituciones a través de una serie de medidas, incluyendo aumentos de capital y de reservas cuando se estimaron necesarios.

Pocos instrumentos de política pública tienen el potencial de transformar una economía de forma transversal e inmediata como los seguros. El seguro promueve el ahorro y la inversión; es un engranaje indispensable en la economía nacional sin el cual no es posible un desarrollo sostenido de la industria y el comercio. Por eso, los países exitosos impulsan políticas robustas de seguros para proteger a la gente y fortalecer el desarrollo. Es hora que los países de la región iberoamericana, particularmente sus líderes y las autoridades de alto nivel, reconozcan que una industria de seguros sólida puede y debe convertirse en un aliado estratégico del crecimiento y de la productividad. Es necesario fortalecer el papel clave de la industria aseguradora como inversionista institucional de largo plazo en la economía real de los países iberoamericanos. Los seguros también pueden jugar un papel clave para cerrar las agudas brechas de desprotección que afectan la salud y la estabilidad económica de los habitantes de la región.

En este último aspecto, es relevante puntualizar el papel de los seguros en el desarrollo del sector agropecuario. Los resultados ya obtenidos en países como México, Argentina y Chile, demuestran el potencial de los seguros en la modernización del campo. Es por ello que FIDES con la colaboración financiera del Banco Mundial, implementó en los tres últimos años cinco proyectos para promover los seguros agrícolas, la transferencia de capacidades y el desarrollo de instrumentos innovadores orientados a los pequeños agricultores vulnerables en Latinoamérica. Con el objetivo de continuar promoviendo el seguro agropecuario, FIDES ha encargado un estudio de mapas de riesgos de toda la región, ya que la necesidad de información sobre los riesgos catastróficos y su impacto, tanto en la actividad agrícola, como en los bienes y personas, es un insumo indispensable para desarrollar las soluciones a través de los seguros.

De otro lado, requisitos excesivamente estrictos en cuanto a requerimientos de capital podrían generar cambios severos, entre otras cosas, en los instrumentos de inversión, lo cual a su vez afecta al consumidor final. De igual forma, adecuarse a estos cambios implica considerables gastos administrativos y estructurales, así como costos de implementación, por lo que es necesario anticiparse a ellos mediante estudios a nivel regional que determinen el grado de preparación de las aseguradoras y evitar así que estos costos se trasladen a las primas, dejando a muchas personas desprotegidas por la imposibilidad de pagarlas.

La implementación de los modelos de supervisión basados en riesgo, tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos, debe hacerse de manera gradual y proporcional, en función a cómo ha evolucionado la regulación en cada país, en lo relativo a la determinación de las reservas, inversiones admitidas, márgenes de solvencia, gobierno corporativo, gestión integral de riesgos, información financiera y estadística, entre otros aspectos, para poder diseñar un marco regulatorio que cumpla con los principios de la regulación basada en riesgos.

A pesar de que los principios que sustentan la regulación del capital basado en riesgo son razonables, no hay fundamentos para implementar estos modelos en forma apresurada, lo que fomentaría una mayor concentración de los mercados, afectando la competencia y perjudicando finalmente a los propios asegurados. En suma, una excesiva regulación podría tener efectos adversos sobre el sector asegurador y el crecimiento económico de los países, al disminuir el atractivo y competitividad de este mercado entre inversionistas actuales y potenciales.

Por otra parte, el proceso de desarrollo de las normas debe ser siempre consultado con las aseguradoras, apoyadas en sus asociaciones, haciendo los análisis de impacto y de brechas que sean necesarios, y participando activamente con las autoridades en su instrumentación, para que los actores se puedan adecuar de una manera gradual, tomando siempre en cuenta el tamaño de cada una de las aseguradoras en los distintos mercados.

De igual forma y en paralelo a la actividad regulatoria en materia de seguros, las asociaciones gremiales de seguros ofrecemos trabajar conjuntamente con las autoridades de cada país, en el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo del seguro.

El sector asegurador iberoamericano ratifica en pleno su compromiso de promover el progreso sustentable del seguro como pilar fundamental del desarrollo social y económico de la región.