La Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) está íntimamente ligada al objetivo de crear, en cada uno de los países iberoamericanos, un sector asegurador fuerte, dinámico y que pueda dar respuesta a las necesidades de estas sociedades. Para ello considera que el respeto a la libre empresa y a la iniciativa privada constituye un elemento esencial para el desarrollo del seguro y el reaseguro en Iberoamérica.

El sector asegurador quiere proveer bienestar y seguridad a la sociedad; ésa es su labor. Pero observa, con mucha preocupación, que existen numerosos obstáculos de diversa naturaleza, establecidos por los reguladores y/o supervisores, que dificultan, en algún caso hasta hacer prácticamente imposible, el libre ejercicio de la actividad aseguradora privada. Estos obstáculos que se presentan en algunos países y que mencionamos a continuación, no otorgan una mayor protección al consumidor ni redundan en mayores beneficios a la sociedad.

  • Las empresas de seguros deben ser actores importantes de la seguridad social.  Para que puedan cumplir con eficiencia sus responsabilidades, es indispensable que las primas sean suficientes en función de los riesgos, y que su recepción ocurra desde el momento en que aquellos les son transferidos
  • Las restricciones impuestas a las entidades aseguradoras para realizar inversiones fuera del territorio nacional son contrarias a la libertad del seguro privado y perjudican la adecuada diversificación del riesgo. La imposición a las aseguradoras de perímetros territoriales cuyas políticas de inversión no pueden superar, les expone a riesgos financieros excesivamente concentrados y, en la práctica les impide crecer, dañándose con ello su capacidad de mutualización, sobre todo ante la ocurrencia de riesgos catastróficos.
  • Nuestra Federación aboga por la supresión de las restricciones a la suscripción transfronteriza de reaseguros, muy extendidas en nuestros países: se imponen límites para la cesión de riesgos a reaseguradoras de otros países o cuotas de cesión obligatoria a favor de reaseguradoras nacionales; y se grava la cesión. Estas barreras son contrarias al objetivo de diversificación y atomización del riesgo que pretende el reaseguro, poniendo en peligro su funcionamiento eficiente, sobre todo en el caso de riesgos de gran magnitud, que podrían afectar al buen funcionamiento de los mercados nacionales y producir una cadena de insolvencias.
  • En la mayoría de nuestros países existen grandes trabas burocráticas y dilaciones injustificadas que dificultan la aprobación de productos de seguros o la modificación de los ya existentes, que, además, en algunos casos está marcada por la discrecionalidad del supervisor. Estas prácticas constituyen medidas intervencionistas que afectan a la libre iniciativa de las aseguradoras para ofrecer y diseñar sus productos a sus clientes. Este hecho tiende a alejarnos de las zonas más desarrolladas del mundo, donde esta libertad es algo común, sin que por ello los poderes públicos hayan renunciado al ejercicio de una supervisión estrecha y exigente a posteriori.
  • Aunque se van dando pasos positivos en la liberalización de los canales de distribución de los seguros, es necesario que se profundice en la eliminación de todos los obstáculos que impidan o limiten el desarrollo de nuevos canales, como los que afectan a los bancoaseguradores, agentes de ventas, telemercadeo y otros, ya que dichas restricciones frenan el desarrollo de productos de comercialización masiva y la penetración de los seguros en los segmentos de ingresos medios y bajos de nuestra población. También debe prestarse especial atención a las posibilidades que ofrecen para la distribución de seguros las nuevas tecnologías y la digitalización, como un instrumento idóneo para llegar a los más amplios sectores de la población.
  • El sector asegurador también precisa de una fiscalidad equilibrada que permita el desarrollo de su actividad para que pueda llegar a la mayoría de los sectores de la sociedad, en particular los que son más vulnerables. En este sentido, es especialmente preocupante que algunos Estados hayan establecido una fuerte fiscalidad para las entidades aseguradoras, en algún caso incluso confiscatoria, como una vía fácil para obtener recursos económicos. Consideramos que, desde la perspectiva del consumidor, los Estados deben también establecer una fiscalidad que permita el acceso a seguros como vida, salud, propiedad frente a las catástrofes naturales, facilitando con ello también el proceso de inclusión de nuevos asegurados en el sistema de protección que el seguro ofrece.

Por todo lo anterior, los representantes de la industria aseguradora de Iberoamérica consideramos que el respeto a la libertad privada del sector asegurador por parte de los Gobiernos es esencial para que esta industria pueda cumplir su papel en la sociedad de forma eficiente. Además, debe venir acompañado de un marco jurídico adecuado, proporcional a las características de cada mercado, y estable, que garantice la autonomía de la voluntad de las partes y que proteja eficazmente al consumidor de seguros, a la vez que promueva el desarrollo del seguro para que acompañe al necesario desarrollo económico de nuestros mercados.  Todo ello debe completarse con la independencia en el ejercicio de la actividad de supervisión.

En suma, es necesario que las compañías aseguradoras compitan en igualdad de condiciones, sin perjuicio de que sean del sector público o privado, dentro de un marco jurídico transparente y predecible que ofrezca seguridad jurídica también a sus clientes, ahorradores e inversores, y evite cualquier comportamiento discrecional o arbitrario por parte de las autoridades de supervisión o de los Gobiernos, y que, en definitiva, coloque a nuestros mercados entre los más avanzados, eficientes y atractivos para el ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora.

 

9 de noviembre 2016