Un funcionamiento “ágil y competitivo” del sector aseguradora es beneficioso para los consumidores, las empresas y, además, repercute en toda la economía, ya que estas entidades tienen un peso notable en todas las actividades económicas. Es la posición que expone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el informe que hizo público ayer sobre el Anteproyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras, ya en tramitación parlamentaria.

Una vez analizado el anteproyecto, la CNMC señala que la regulación establece condicionantes de acceso al mercado (que podrían operar como barreras de entrada) y de ejercicio de la actividad (limitaciones a la capacidad de autonomía de los operadores para organizarse y ofertar sus servicios). No obstante, las limitaciones de la autonomía de estas entidades están destinadas a reducir o eliminar riesgos excesivos, pero deben justificarse teniendo en cuenta su necesidad y proporcionalidad.

El anteproyecto incorpora algunas de las observaciones efectuadas en el Informe de 2011 de la extinta CNC. Entre ellas, destaca especialmente que los intercambios de información entre las empresas aseguradoras se limiten a estadísticas comunes, sin que ello implique de ninguna forma información sobre fijación de precios o la utilización de otro tipo de información que comprometa la competencia efectiva en el sector.

Además, se eliminan las referencias a titulaciones universitarias concretas, cuando se trata de los requisitos de aptitud de las personas que realizan funciones de gobierno en estas entidades. Además, también se incluye la mención expresa a la Ley 15/2007 y a la autoridad de competencia en lo relativo a ciertas conductas anticompetitivas.

Observaciones

No obstante, la CNMC realiza observaciones adicionales, como, por ejemplo, el hecho de que las mutuas de seguros, las sociedades cooperativas y las mutualidades de previsión social no puedan operar con prima variable o en lo que respecta a los integrantes del sistema de gobierno de la aseguradora, la exigencia de requisitos de experiencia debe exigirse con proporcionalidad. “Debe valorarse la competencia profesional de los responsables con criterios objetivos más allá de la experiencia, pues de lo contrario se corre el riesgo de perjudicar a empresas de reciente creación”, concreta el organismo.

Asimismo, considera que las agencias de suscripción, con las que las entidades aseguradoras podrán suscribir contratos de apoderamiento, están sometidas a requisitos exigentes de acceso y ejercicio, “cuya necesidad y proporcionalidad es necesario valorar”.

Por lo que se refiere al ejercicio de la actividad, la CNMC considera que, dadas las características del sector, “están justificadas las obligaciones de contar con un sistema de gobierno eficaz, un sistema de control del riesgo y métodos de evaluación y auditoría interna”. Pero, al referirse a la función actuarial, “ha de valorarse opina el organismo- la competencia profesional sin establecer umbrales de experiencia concretos o titulaciones especializadas sin justificación, pues ello puede resultar en la exclusión del sector de operadores con la exigida preparación”.

Introducir menciones literales a la normativa nacional y comunitaria de competencia

En cuanto a las competencias de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) sobre operaciones societarias, el informe especifica que deben entenderse sin perjuicio de las prerrogativas de la CNMC como autoridad de competencia en materia de concentraciones económicas en todos los sectores. De hecho, en función de la envergadura o del impacto transnacional de la operación, las autoridades de competencia de la UE podrían ser las competentes para resolver sobre la operación. Por ello, la CNMC aconseja “introducir menciones literales a la normativa nacional y comunitaria de competencia en algunos de los artículos de la norma”.

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de que reglamentariamente se determinen organismos públicos de promoción de viviendas eximidos de la obligación de contratar el seguro de Caución, debería valorarse desde la óptica de las ayudas de estado para evitar efectos negativos sobre la competencia en el mercado.

Por último, la CNMC señala que no debe incluirse en ningún caso la consideración previa de que los convenios de indemnización directa entre entidades aseguradoras para la liquidación de siniestros de daños materiales no tendrán la consideración de práctica restrictiva de la competencia, ya que el escrutinio de estas conductas corresponde a la CNMC como autoridad de competencia y deberá efectuarse caso por caso.

Acceso al informe de la CNMC sobre el Anteproyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras,