El gobierno debe estar “abierto” a evaluar si con las medidas fiscales adoptadas se puede afectar el desempeño de la economía y, en su caso, realizar los ajustes necesarios para evitarlo, reconoció Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Si se observan “en las políticas públicas y en la política económica del gobierno que los efectos de estas medidas restringen el consumo y la actividad, tanto los sectores productivos como la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberemos de estar abiertos y dispuestos a que si se tienen que tomar adecuaciones para estimular la economía para aliviar las cargas para la población, debemos estar abiertos para evaluarlo”, afirmo en una entrevista concedida a ‘Excèlsior’.

La AMIS es uno de los miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de los firmantes de la llamada “tregua fiscal” con la que la que se busca negociar con las autoridades las disposiciones que de acuerdo con los empresarios inhiben la inversión y la generación de empleo. Mediante este pacto -que se prevé se firme este mes- los hombres de negocios demandarán la deducibilidad del 100% de las inversiones productivas y de las prestaciones sociales pagadas a los trabajadores y solicitarán la reducción progresiva de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que grava el reparto de dividendos de las empresas a las personas físicas y el ingreso de éstas.

Sobre el pacto, explicó Arias que el pacto tiene dos aspectos a considerar: una seguridad jurídica para que no haya nuevos impuestos; así como flexibilidad para que se vaya reaccionando en función de cómo va de alguna forma evolucionando la instrumentación de toda esta reforma hacendaria. “Si empiezan a llegar las inversiones por la expectativa que genera la reforma energética y la de telecomunicaciones, que van a atraer recursos del extranjero, estamos hablando de gastos que generan necesidades de aseguramiento