Las leyes aumentan los deberes de cumplimiento, la responsabilidad de las empresas, incluyendo a gestores y representantes; conceden poder de fiscalización a todos los órganos públicos; y establecen multas y procesos por omisión y penalizaciones en el caso de pérdidas de bienes y suspensión de actividades. Para el abogado y profesor de la PUC-RS, Giovani Agostini Saavedra, la Ley contra el Lavado de Dinero (Ley 12.683/12), junto a la Ley Anticorrupción (Ley 12.846/13), cerraron el ciclo para establecer un nuevo modelo de cumplimiento en Brasil, que comenzó en 1990 y ahora se actualiza, debido a los nuevos cuidados que deberán ser adoptados por las empresas.
Así se puso de manifiesto en el Seminario ‘Cumplimiento, Nueva Ley Anticorrupción y Lavado de Dinero – En qué es preciso estar atentos’, celebrada el pasado miércoles, 19 de febrero, en el auditorio del Sindicato de las Seguradoras de São Paulo (Sindseg-SP), que fue patrocinado por el Grupo Nacional de Trabajo de Derecho Económico y la Asociación Internacional de Derecho de Seguro (AIDA), y coordinado por la profesora y abogada Angélica Carlini.

Saavedra resaltó que el escenario no sólo impone mayores cuidados y atención para las empresas, sino que también crea nuevas oportunidades, por ejemplo, para estimular la contratación del seguro D&O. A diferencia de otros países, que han publicado con años de antelación manuales explicativos sobre fiscalización y criterios de evaluación, en Brasil la ley sigue a espera de las regulaciones. Ya el cumplimiento ganó más impulso con la nueva Ley de Lavado de Dinero, a partir de 2012.

Sobre el lavado de dinero y su cumplimiento, de acuerdo con la Circular de la SUSEP 445/12, todas las empresas del sector de los seguros, incluyendo aseguradoras, reaseguradoras y de pensiones complementarias, etc, deben adoptar programas de cumplimiento. Éstas y también los corredores de seguros están sujetos a las normas contra el lavado de dinero. Sin embargo, la ley antigua era suficiente para que las empresas identificaran y registraran clientes, proporcionaran información y reportaran operaciones sospechosas. La nueva ley, por su parte, sugiere nuevos deberes como adoptar políticas, procedimientos y controles internos acordes con el tamaño y el volumen de las transacciones.

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