Ayer se cumplió un año desde que el huracán Sandy azotara gran parte del noreste de Estados Unidos y el Caribe. Las pérdidas que causó la tormenta fueron sustanciales, pero sin embargo, “la gravedad de la pérdida en la región no fue una sorpresa, pero el tipo de pérdida y de la forma en que se registró la pérdida sí fue sorprendente”, explicó Tom Larsen, de la firma de modelación Eqecat, a ‘Reactions’. “La proporción de las pérdidas por daños por las inundaciones fue de 50/50 y eso sí era inusual”.
Sandy causó 18.750 millones de dólares en pérdidas a la propiedad, excluyendo las reclamaciones de seguros contra inundaciones cubiertos por el programa federal de seguro contra inundaciones, por lo que Sandy la tercera más costosa catástrofe natural de EE.UU. , de acuerdo con Property Claim Services.

Con motivo de este aniversario, miembros republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado presentaron un proyecto de ley para que se postergara los aumentos a las tarifas de los seguros contra inundaciones que están empezando a ponerse en vigor bajo una ley aprobada el año pasado. La ley elimina progresivamente algunas subvenciones federales a los seguros contra inundaciones. Su propósito era detener el flujo de los fondos de los contribuyentes al Programa Nacional de Seguros Contra Inundaciones, el cual tiene una deuda de alrededor de 25.000 millones. Los partidarios opinan que millones de propietarios se enfrentaban a tarifas mucho más altas de seguros contra inundaciones, informa ‘El Nuevo Heraldo’.

“El 40% de las pólizas de seguros contra inundaciones están en mi estado, y eso ha afectado terriblemente el mercado inmobiliario”, dijo el senador Bill Nelson, demócrata de la Florida, en una conferencia de prensa donde él y más de una docena de otros senadores y representantes anunciaron el proyecto de ley, el cual se propone posponer los aumentos que comenzaron el 1 de octubre.

La legislación exigiría a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) que lleve a cabo un estudio de asequibilidad y dé tiempo al Congreso a revisarlo. FEMA, la cual maneja el programa de inundaciones, tendría que mostrar que ha desarrollado un programa de evaluación de riesgo de inundaciones que el Congreso pueda aceptar. El plazo de tiempo postergaría los aumentos de tarifa hasta dentro de cuatro años.